Demócratas de tiempo parcial

Fecha: 01/10/11
Autor: Hector Soto

Superada, al parecer, la fase más crítica del conflicto estudiantil, vale la pena una mirada en retrospectiva para establecer qué tan bien soportó el sistema político la ola de extendido malestar ciudadano que acompañó a la movilización. Es un ejercicio necesario, entre otras cosas, porque se está incubando una brecha peligrosa entre el dinamismo de la estructura económica, las extendidas evidencias de fortalecimiento de la sociedad civil y la fragilidad del sistema político.

Durante estos meses, diversos analistas plantearon que el fenómeno había puesto en serio entredicho los pilares y consensos de la transición política pactada en los años 90 y las restricciones de varios de los dispositivos del actual sistema institucional. La verdad es que sobre esta materia se ha estado acumulando considerable evidencia. Sin embargo, al margen de las observaciones críticas relativas al envejecimiento del padrón electoral y al sistema binominal, son numerosos los observadores que van más allá y hablan de las limitaciones de la propia democracia representativa.

Hay razones para pensar que en el caso nuestro podrían estar quedándose cortos. Porque lo que hemos vivido pone en duda más que eso. Aquí están en entredicho aspectos básicos de la democracia y corresponde cuando menos plantear la pregunta respecto de qué tan demócratas creemos y queremos ser. En muchos sentidos, podríamos estar operando como demócratas de tiempo parcial.

De partida, existiendo conductos de expresión, petición y manifestación, no son especialmente democráticas las tomas. Nunca lo han sido. Si para algo existe el estado de derecho es para impedir estas formas de coerción. Las tomas son especialmente impresentables cuando minorías sectarias impiden que la mayoría pueda expresar su voluntad o incluso hacer efectivo su derecho de asistir a clases. Y son medidas de fuerza reñidas con la legalidad, por mucho que una corte haya parecido legitimarlas al negarle a un alcalde autorización para el desalojo, en una decisión que sobre la cual los jueces deberían estar dando explicaciones.

Tampoco son muy democráticas las consideraciones que llevaron primero al PC, cuando en sus inicios se sintió dueño del movimiento, y luego a grupos más radicalizados, que desplazaron a los comunistas, a jugarse por la desestabilización del gobierno. Dónde está la novedad, se dirá: nada muy distinto, en realidad, de lo que esta izquierda ha hecho siempre. Podría ser sólo una expresión de rechazo a la legalidad constitucional de la dictadura y a los amarres que supuestamente permanecieron incólumes durante la transición. Pero el argumento tiene mucho de retórico. A este sector político la democracia le gusta poco; no le gustó antes del 73 y tampoco le gusta ahora. Una cosa es que la haya revalorizado como sistema de gobierno cuando estuvimos en dictadura o que haya echado de menos la legalidad democrática cuando no la hubo, pero otra cosa es que la suscriba de verdad. El conflicto de la vieja izquierda no es con la Constitución del 80, la cual el 2005 -bajo la firma del Presidente Lagos– habría sido expurgada de los sesgos pinochetistas, porque ese mismo conflicto lo tuvo con la Constitución de 1925. Quizás lo que a este sector no le gusta mucho es la idea de una Carta Fundamental.

La conciencia democrática opositora tampoco ha salido muy bien librada de los recientes incordios. Si apenas calificó es porque la oposición anduvo desertando de sus responsabilidades políticas. Hay que reconocer que no es fácil trazar de antemano una línea divisoria clara entre aquello que es enteramente permisible (desear que el gobierno fracase), aquello que no es muy patriótico (querer que fracase incluso si eso significa que el país se vaya al diablo) y aquello que es francamente subversivo (jugársela por la ingobernabilidad, atendido que a río revuelto siempre podría haber algo que ganar). A la oposición, como al gobierno, no sólo le faltaron propuestas en esta pasada. Con su compulsión por subirse al carro de los movimientos sociales a toda costa y con el flirteo de varios de sus dirigentes a la idea de convocar a un plebiscito, también le sobró oportunismo y le ha faltado estatura nacional. Cualquier sociedad está en serios problemas cuando la oposición pierde de vista que tener una institucionalidad incluso insatisfactoria es preferible a no tener ninguna. Vaya que cambió en esta pasada el discurso concertacionista. Si antes, mientras fue gobierno, su premisa era dejar que las instituciones funcionaran (que es lo procedente en el orden democrático), ahora su tentación estuvo en hacer lo posible y lo imposible para evitar que funcionaran. Este juego, que es de filiación democrática dudosa -los chilenos debiéramos saberlo mejor que nadie-, es por otra parte muy riesgoso, porque, en definitiva, en toda sociedad las instituciones y el orden jurídico son la gran defensa contra la fuerza bruta, los poderes fácticos y la ley del más fuerte.

¿Pasa el gobierno un poco mejor el test de la gobernabilidad democrática? Es discutible. Este gobierno pareciera creer más en las encuestas que en el mandato que la mayoría ciudadana le entregó por cuatro años. Y como está con muy bajos niveles de aprobación, ha estado sumido en la confusión y el desconcierto. Y también en la culpa de la impopularidad. Hay que reconocer que tampoco ha tenido mucho piso para hacer respetar las instituciones. Cuando después de cada marcha pacífica de los estudiantes -aparte de cuantiosos daños- quedan por lo bajo 20, 30 ó 50 carabineros heridos en todo el país y al día siguiente todos los detenidos por desórdenes y violencia están en su casa preparándose para la próxima, significa que en Chile las autoridades, los jueces, las dirigencias políticas, al final, todos, estamos ninguneando el orden público y corriendo las fronteras de la impunidad. Lo sabemos: por aquí nunca se ha llegado a resultados muy auspiciosos.

De una manera u otra, todas estas falencias han prolongado más de la cuenta la solución del conflicto estudiantil. En los objetivos que la mayoría del país respalda de esta movilización -calidad y descompresión de los costos de la educación-, obviamente que los acercamientos debieron haber ido más rápido. Pero en esto también hay verdades no dichas o dichas a medias. La cancha del conflicto es la educación, pero obviamente la pugna es política y de alcances más amplios. La izquierda más dura lo sabe perfectamente. La derecha lo teme. Aquí se están jugando otros espacios de poder, cosa que en las democracias sanas se dirimen no en la calle, sino en las elecciones.

Tampoco en este plano, entonces, tenemos grandes merecimientos democráticos para calificar.

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Acerca de Ocktopus

Chileno, criado en Venezuela, amante de la buena vida, del buen pasar. Inquieto en los temas que me apasionan, siempre indago, busco e intento conocer nuevas cosas. Emprendedor innato. Siempre intento canalizar mis actividades en aquellas cosas que me atraen, de allí que los espacios en la red se vinculan a el turismo, la gastronomía y mantenerse informado.

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