¿Hasta aquí nomás llegamos?

Autor: Hector Soto
Fecha: 09/07/11
Fuente: Blog del Autor

Pronto, muy pronto, se verá si lo que ahora se ha llamado la indignación de la calle corresponde a un mero episodio de bronca ciudadana o si es el anticipo de cambios más profundos en la sociedad chilena. No es fácil de momento identificar cambios que sean definitivos. Lo que sí parece evidente es una creciente liquidez en las adhesiones políticas y una gran perplejidad de las elites. Como nadie tiene muy buenas explicaciones para entender lo que está ocurriendo –HidroAysén, las movilizaciones estudiantiles o el escándalo de La Polar- las dirigencias políticas están paralogizadas. Nadie quiere arriesgarse mucho y la mojigatería entrega una medida del vacío de liderazgo existente. Las elites andan al cateo de la laucha. Bien podría ser que, terminada la fiesta, pasado mañana o la semana siguiente, todo vuelva más o menos a la normalidad, con las debidas amortizaciones y descuentos, dado que los saldos de estas cosas nunca son cero. Pero también podría ocurrir que éste fuera el comienzo de un cambio que enfilara definitivamente al país por otros rumbos.

Preguntas que retumban

Lo que está en entredicho no es sólo el actual gobierno. Es un cierto empate, un legado evidente de la transición política, un modelo económico amparado por un cierto consenso contra el cual se han estado acumulando por años y por debajo fuertes recriminaciones y rechazos. No sólo eso. Como el desarrollo capitalista genera malestar -porque, claro, exige competencia, responsabilidad individual, levantarnos temprano, riesgo, endeudarnos para con seguir bienes alcanzables dejando a la frustración los que son inalcanzables- un sector importante de la población podría estar en vías de quitarle el piso al compromiso que las dirigencias políticas y sociales han tenido hasta ahora -explícita o tácitamente- con el crecimiento económico. Crecimiento para qué, se escucha decir todos los días y la pregunta retumba en ámbitos que hasta hace poco lo tenían muy claro. ¿Para que los ricos sean más ricos, cosa que las cifras en realidad no desmienten? ¿Para que sigamos embruteciéndonos, como si nunca lo hubiéramos estado antes? ¿Para intentar un camino del cual los países desarrollados están viniendo de vuelta, como si fuera lo mismo vivir en un país de 15 mil que de 40 mil dólares per cápita?

Hay razones para creer que el desengaño con el objetivo del desarrollo le pega en los cuernos a toda la clase política. Le pega ciertamente al gobierno, pero también le pega a la Concertación, por efecto de un tema asociado al tartufismo político. Gran parte del secreto del éxito de la Concertación fue amparar en los hechos el modelo económico -no sólo ampararlo, también perfeccionarlo- manteniendo eso sí un discurso que, junto con poner énfasis en la equidad y en la inclusión social, presentaba a sus gobiernos con las manos atadas para cambiar el estado de cosas. Este doble estándar le funcionó en varios sentidos. Le permitió vestirse con los éxitos de la estrategia de desarrollo (dinamismo de la economía, reducción de la pobreza, fuerte expansión de la clase media, extensión del sistema educacional y universitario, mejoramiento de los ingresos); le permitió salvar su responsabilidad política en la parte ingrata de la experiencia (que pasó a ser culpa exclusivamente de los empresarios y la derecha) y le permitió también, con llamados recurrentes a la responsabilidad, contener la resistencia o el rechazo que el modelo generaba en el mundo laboral más organizado. Fue un negocio redondo por donde se le mirara. Puros beneficios, cero costo. No deja de ser revelador que ni siquiera el Presidente Lagos, que de los cuatro mandatarios provenientes de la Concertación fue quien llegó más lejos en su complicidad con el mundo empresarial, haya movido un dedo por legitimar el modelo. Mucho menos la coalición estuvo dispuesta a gastar energías en tratar de persuadir a la ciudadanía y a sus bases acerca de las ventajas que comportaba el camino elegido.

El sinceramiento

Como el gobierno ahora es de centroderecha y la Concertación dejó de ser una instancia moderadora o de contención, la sociedad chilena podría estar entrando en una fase de objetivo sinceramiento. A lo mejor éste es el verdadero final de la transición política, no los que marcamos o interpretamos como tales con anterioridad. Sería ahora cuando la ciudadanía en realidad se está expresando sin distorsiones y, así las cosas, no tendría nada de raro que tiendan a resurgir los tres tercios, cosa que desde luego complica a la Concertación y particularmente a la DC. No son, por supuesto, los mismos tres de antes: derecha, centro e izquierda. Ahora hay un tercio con el gobierno; hay otro, un tanto castigado, con la Concertación y el resto está representado por una nube gaseosa que no se identifica con nada y que, careciendo de liderazgo y articulación, puede sin embargo encenderse como pasto seco ante las chispas de la emoción y la demagogia política.

La relativa facilidad con que la sociedad chilena podría estar cambiando de prioridades, junto con ser un síntoma de mayor autonomía ciudadana, tiene a lo mejor la ventaja de romper empates que eran ficticios, pero podría tener también la desventaja de echar por la borda dos décadas que fueron de oro en nuestra historia. Mirados en retrospectiva, fueron más de 20 años portentosos que, con todos sus bemoles, le cambiaron la fisonomía a la sociedad chilena y no se advierte en el escenario actual quien tenga espaldas o pulmones para proseguir en la dirección. En la línea que veníamos, estamos llegando hasta aquí nomás. La cuerda dio para un país de 15 mil dólares y no es seguro que vaya a dar para mucho más. Hay cansancio. Hay una creciente demanda por más estado en distintos ámbitos. Ni siquiera la derecha apuesta a contraerlo. Los bonos de la disciplina fiscal, la austeridad y el rigor se están cotizando muy a la baja en el mercado político doméstico. La gente pregunta más por sus derechos que por sus responsabilidades y hay atisbos de presión por endosarle al Estado responsabilidades que hasta ahora, para bien o para mal, eran resorte de cada cual.

Desde luego que también caben otras lecturas. Cómo no va a ser curioso que, mientras el desconcierto político se multiplica, la economía esté a tope, no obstante los desórdenes callejeros, la inflación que ha estado golpeando a los sectores de menores ingresos y la relativa contracción de las expectativas. Se sabía que podíamos ser bipolares. La actual sospecha es que también podemos ser esquizofrénicos. Qué miedo. ¿Quién entiende lo que ocurre? ¿No era Chile el país donde nunca pasaba nada?

Fecha: 09/07/11
Fuente: Blog de Ascanio Cavallo
Autor: Ascanio Cavallo
Artículo: El lucro se toma la agenda

Los anuncios del Presidente Sebastián Piñera acerca de la inyección de cuantiosos recursos fiscales al sistema universitario difícilmente detendrán las movilizaciones de los estudiantes. Este es un consenso entre todos los que han analizado, de lejos o de cerca, el movimiento iniciado por los secundarios y seguido por los universitarios. En el propio gobierno predomina esta impresión, debido a que el rechazo inmediato de los estudiantes pareció “predeterminado”. Esta explicación puede ser parcialmente cierta, pero es también autoindulgente.

El proyecto presidencial, extraordinario en volúmenes, no dice nada sobre los secundarios ni sobre los profesores, no se pronuncia sobre el lucro en las universidades y no es producto de una deliberación “participativa”, sino de una decisión con un aire ejecutivo y al mismo tiempo vertical. En otras palabras, deja afuera varias de las cuestiones centrales del movimiento estudiantil, no tanto en términos de demandas precisas, sino de espíritu y significación.

Este modo de plantear las cosas confirma algo que se ha venido viendo, con distintas facetas y en episodios disímiles, desde comienzos de año: el gobierno tiene un severo déficit de interpretación respecto de lo que está ocurriendo en la sociedad. De allí su perplejidad, sus contramarchas y su desarticulación ante las movilizaciones masivas.

Los estudiantes se han anotado por los menos dos puntos en estas semanas. El primero es la idea de que la educación pública se ha convertido en una especie de cárcel, donde los niños son condenados a reproducir una condición social vulnerable, generación tras generación. Muchos especialistas coinciden en que la educación pública ha vivido una mejora progresiva; pero ninguno niega que al mismo tiempo ha aumentado (o se ha mantenido) la brecha con la educación privada que infectó al sistema educacional desde, digamos, los años 70. Esta dinámica, que se reproduce en otros campos, implica que los sectores más deprivados requieren de un apoyo redoblado para no quedarse continuamente atrás, eternamente lejos de los privilegios de las elites.

Para los dirigentes secundarios, la propuesta del gobierno ataca las inequidades en la zona en que ya son irreversibles -la educación superior- y no donde realmente se generan y reproducen, que es en las escuelas y liceos públicos.

El segundo punto es el lucro, prohibido en forma expresa por la ley para las universidades, pero practicado de facto mediante ardides societarios. Los estudiantes han logrado asociar esta forma torcida del lucro con el abuso contra una población indefensa (aunque no ignorante) y conectarlo con otras operaciones ilícitas, como las que rodean el escándalo de la multitienda La Polar.

Ningún teórico marxista hubiese sido más eficaz y oportuno que los ejecutivos de La Polar para “agudizar las contradicciones” del mercado. El gobierno de Piñera tuvo la mala suerte de que este escándalo estallara justo en el medio de su gestión, cuando pudo ocurrir en cualquiera de los varios años en que fue ejecutado. El caso es que, al menos simbólicamente, se ha convertido en la prueba perfecta de que la persecución del lucro no está lejos de la codicia revestida de ilícitos. ¿Cuánta distancia hay entre esto y las simulaciones de algunas universidades privadas?

Para los estudiantes, ninguna. Incluso al revés: el lucro en la educación les parece más escandaloso que el que se materializa en los créditos para el consumo de bienes tangibles. A fuerza de insistir en este punto, los líderes universitarios han logrado un objetivo que al comienzo del movimiento parecía accesorio: desestabilizar al ministro de Educación Joaquín Lavín.

A estas alturas es ineludible admitir que la credibilidad pública del ministro ha quedado en entredicho -con ayuda de la Contraloría, que le exigió un informe sobre su vínculo con una de esas universidades- y la propuesta del Presidente no despejó esas sombras, sino que hasta pudo endurecerlas. La invitación a un debate nacional fue entendida, y no erróneamente, como un reconocimiento de que el lucro existe, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Hasta este momento, el capital político de Lavín está siendo triturado en el altar de un problema muy anterior a su ingreso al gabinete. Su caída de 24 puntos en la encuesta Adimark es una expresión de la volatilidad del sector que le fue asignado, pero también de la escasa conciencia del gobierno sobre el problema que enfrenta.

La molestia social con la educación aterriza una molestia más amplia con el predominio de la lógica del lucro por sobre otros valores. Pero sería injusto suponer que esta inquietud ha comenzado con el gobierno de Piñera.

Probablemente al revés, culmina con él. Si se combinan los datos sobre expectativas económicas, prestigio de las coaliciones políticas y participación electoral, la conclusión es que el estado de malestar proviene por lo menos desde comienzos de los 2000, en algún punto del gobierno de Ricardo Lagos, acaso en las últimas sacudidas de la crisis asiática, cuando los padres de los estudiantes actuales estaban luchando contra el desempleo, la insolvencia o el endeudamiento. Es decir, cuando los segmentos mayoritarios dejaron de creer en la inevitabilidad del progreso.

La Concertación pudo contener ese enojo colectivo, porque sus líderes -Lagos, Bachelet- disponían de credibilidad. Pero parece muy difícil que lo pudiesen contener ahora, cuando esa credibilidad está igualmente dañada y cuando su capacidad de interpretar lo que ocurre es tan pobre como la del gobierno.

El lucro -excesivo, abusivo, ilícito- es la representación de una insatisfacción instalada hace tiempo, que eclosiona en el gobierno actual tal como pudo hacerlo antes o después, aunque es posible que se haya visto excitada por el triunfalismo y la inclinación a las promesas optimistas que es tan propia del Presidente. Como sea, ha introducido una crujidera de tal magnitud en el sistema político, que tanto el gobierno como la oposición tendrían que modificar sus agendas si quieren llegar a algún destino.

Fecha:07/07/2011
Autor:Juan Andrés Quezada y Sebastián Rivas

Acumulación de créditos, alza de los precios en las carreras, una alta deserción y una baja fiscalización del Estado en cuanto a la calidad de las instituciones. Ésas son las señales que preocupan a los expertos nacionales e internacionales sobre el sistema chileno. Un panorama al que apuntan varias medidas de las anunciadas por el gobierno para reformar el esquema educacional.

Miércoles en la mañana, con un rostro pálido, que reflejaba el cansancio de la larga noche anterior en que anunciaron el paquete de medidas para afrontar las protestas estudiantiles, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín explicaron punto a punto cada una de las medidas a un grupo de estudiantes secundarios, universitarios y de institutos superiores reunidos en el salón Montt-Varas. “Se abre el debate”, dijo el presidente antes de darles la palabra a los estudiantes.

Todas las inquietudes apuntaron a lo mismo: la dificultad que tienen hoy las personas que no acceden a las universidades tradicionales para financiar sus carreras.

“Buenos días, señor presidente. Soy Miguel Ángel Mendoza, presidente de Tecnología Médica en la Universidad Diego Portales. Somos los estudiantes con menores ingresos y que tenemos que acceder a mayor crédito para poder entrar a la universidad. Mi pregunta es: ¿cuáles son los reales beneficios para nosotros?”.

Piñera responde: “Hoy escucho mucho a los jóvenes hablar de que no están de acuerdo con la discriminación y con el trato desigual en la sociedad. Pero lo cierto es que los alumnos que están más desfavorecidos en el actual sistema son los alumnos de la educación técnico-profesional y de las universidades no tradicionales”.

En los últimos veinte años, el alza de matrículas en la educación superior ha sido exponencial: de 250 mil alumnos en 1990, se pasó a alrededor de un millón en 2011. Y ese salto ha estado marcado por el ingreso a las instituciones de estudiantes de los tres primeros quintiles. Sólo un ejemplo: según la encuesta Casen, en 1990 apenas el 4,4% de los jóvenes del primer quintil seguía estudiando tras cuarto medio. En 2000, la cifra era el doble: 9,6%. Y en 2009 se volvió a duplicar, llegando a 22,7%. Hoy, siete de cada diez alumnos son los primeros de su grupo familiar en tener ese tipo de educación.

Miguel Ángel es el ejemplo de un grupo cada vez más amplio de jóvenes, que han concentrado un interés especial de los expertos en educación superior. Es el segmento que requiere más apoyo para ingresar. Pero, a la vez, son los que están permitiendo la expansión del sistema. Es este grupo el que está en la mira de los analistas en temas de educación. El que más preocupa. El que genera, en algunos expertos, el comentario de advertencia: se puede estar incubando una burbuja educacional.

La predicción inquietante

En Estados Unidos, Peter Thiel es algo así como un oráculo. Cofundador de PayPal y uno de los primeros inversionistas de Facebook, su fama se debe en buena parte a que predijo las dos últimas grandes “burbujas” de la economía estadounidense: la de las empresas puntocom en 2000, y la inmobiliaria que estalló en 2008. Por eso, Thiel volvió a atraer la atención cuando, en abril de este año, predijo en una entrevista con el prestigioso blog TechCrunch que una tercera burbuja se estaba incubando en ese país: la de la educación superior. En resumen, señaló que las universidades estaban sobrevaloradas, cobrando precios exorbitantes y causando enormes deudas a las familias. “La educación es la única cosa en que la gente cree hoy en EE.UU. Cuestionarla puede ser peligroso. Es como decirle a la gente que el Viejo Pascuero no existe”, dijo Thiel. El tema no quedó ahí: se instaló en el debate de medios destacados, como The Economist y The Atlantic.

¿Se puede trasladar la discusión a Chile? Los principales expertos en educación son cautos. Coinciden en un punto central: hoy no hay nada más rentable ni mejor en Chile que estudiar en la educación superior. Pero todos apuntan a un grupo concreto como los “amenazados” del sistema. Los potenciales afectados si una burbuja así explotara.

“Son alumnos que estudian por lo general en universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Provienen de los primeros tres quintiles. Muchos son la primera generación de su familia estudiando en la educación superior, y son parte del nivel socioeconómico medio-bajo o bajo. Es un tema de equidad: ahí está la movilidad social”, advierte Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Son familias con ingresos per cápita inferiores a los $140 mil mensuales. Por lo general, la opción en este bloque es una sola: acceder a un crédito que les permita pagar la carrera.

“Hay que extender los recursos a los tres primeros quintiles, que son los que van a permitir seguir expandiendo la matrícula de la educación superior. Algunos van a ir a las universidades, otros a los centros de formación técnica, y hay que ayudarlos a todos”, plantea el ex ministro José Joaquín Brunner, quien dirige la Cátedra Unesco de la UDP(def) sobre educación.

Gonzalo Cordero, decano de Derecho de la Universidad Andrés Bello, afirma que los cambios propuestos por el gobierno, que igualan los aportes a los estudiantes de planteles tradicionales y privados, apuntan a reducir las desigualdades: “El sistema de ingreso a las universidades, y particularmente el del Consejo de Rectores (def), tiende a perpetuar las brechas socioeconómicas. En el fondo, lo que hace es que el porcentaje de buenos puntajes que están en la educación privada pagada sea muy alto”.

Pero para otros analistas, también hay un tema más de fondo. Uno que no se planteó en el mensaje presidencial.

La paradoja chilena

“Esto es La Polar II: llegar y lucrar. Estás alimentando una bomba de tiempo. Una burbuja crediticia impagable. Por eso hay que meterse en la raíz del problema: los costos”, afirma Patricio Meller, quien presidiera el Consejo Asesor Presidencial sobre Equidad y Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet. Para él, todos los actores -el gobierno, los estudiantes, los profesores, la prensa y los propios expertos- han dejado de lado un factor importante a la hora de mirar la educación superior: el precio de los aranceles.

Meller muestra un estudio hecho por él sobre el aumento de precios de las carreras entre 1997 y 2009. Por ejemplo, Odontología superó el 150% de alza real; Medicina llegó al 120%, e Ingeniería Civil alcanzó el 60%. “Eso es en entidades privadas y públicas”, plantea. “¡Y no hay estudios sobre por qué suben!”, recalca.

El último estudio de la OCDE sobre educación, que data de 2009, dejó al descubierto una paradoja. Según los índices, nuestro país es donde la educación superior es más cara en promedio: de cada seis pesos que se pagan, cinco los ponen directamente las familias. Y el gasto público en educación superior es del 0,5% del PIB, comparado, por ejemplo, con el 0,8% de Brasil, el 1,1% de Gran Bretaña, y el 1,4% de Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo es el país donde la educación superior es más rentable para quien estudia: el valor agregado es tres veces superior al de EE.UU. y seis veces mayor que el promedio de la OCDE.

De todas formas, Meller puntualiza que, según su análisis, la alta rentabilidad que tienen los estudios se explica en buena parte por la deficiente educación escolar. “Si uno saliera medianamente capacitado de la educación media, tienes alternativas. Pero aquí la alternativa es pésima”, explica.

Las cartas sobre la mesa

Uno de los conceptos transversales que se han escuchado, tanto por parte de los estudiantes movilizados como del gobierno, es asegurar la calidad de la educación. El concepto ya tiene una larga data: de hecho, hoy existe la Comisión Nacional de Acreditación(def), que debe velar por ese tema en los planteles.

Los problemas son dos: qué se entiende por calidad y cómo asegurarse que el estudiante pueda optar informadamente a la hora de escoger su futura institución. Por ejemplo, un estudio hecho por Patricio Meller en 2010 mostró resultados sorprendentes: en varios casos, los salarios de las carreras técnicas superaban a los que obtenían egresados de las universidades. Y el trabajo también constató que, dependiendo de la carrera, puede existir una fuerte diferencia entre lo que ganan en promedio los egresados. Por ejemplo, en el caso de Medicina, el 25% de los egresados gana menos de $640 mil, mientras que el 25% que más gana supera $1.640.000. Es decir, cerca del triple.

Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, plantea que un sistema de acreditación debiera considerar criterios como el salario que obtienen los egresados, la empleabilidad que consiguen y los índices de deserción, con el fin de orientar la decisión de los estudiantes. “Por ejemplo, que el crédito sea más generoso con una institución que está teniendo buenos indicadores que con otra que tenga malos indicadores”, señala.

La deserción universitaria es otra realidad preocupante. Dos de cada cinco estudiantes hoy no terminan su carrera. “Esos jóvenes se pueden quedar en una situación compleja: sin mayores ingresos adicionales respecto de haberse quedado con la educación media y con deudas importantes”, apunta Beyer.

Juan Eduardo García-Huidobro, decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado (def), añade otro punto al debate: la necesidad de dar más oportunidades a los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica. Sobre todo a partir del antecedente de que este año, por primera vez, sus matriculados superaron a los de las universidades. Una tendencia que se espera que continúe. “Ahí necesitamos una reforma estructural, para que sea con salida hacia la universidad. Para que quienes aspiren a más, o se den cuenta en el camino que tienen mejores condiciones para estudiar, puedan seguir. Eso tiene la ventaja de que no queda la educación técnica como una segunda categoría, sino como un camino distinto”.

Los reparos internacionales

A comienzos de mayo, en varios centros de estudios chilenos comenzó a circular un duro informe hecho por el Banco Mundial sobre los resultados del crédito con aval del Estado, emitido a fines de marzo. En 181 páginas, la entidad reconocía que el sistema, creado en 2005 como una fórmula para financiar principalmente a alumnos de instituciones privadas, favorecía el acceso de sectores más pobres. Pero a la vez, advertía varias complicaciones: entre ellas, los altos índices de morosidad (proyectados en torno al 50%), el alto nivel de endeudamiento de los estudiantes, en torno al 174% de su sueldo anual estimado; y el alto costo para el Estado que tiene el actual esquema. “110 mil jóvenes hoy se encuentran en Dicom por no pagar sus créditos”, ha repetido Lavín en los últimos días en todos los canales de TV y radios.

El informe fue más allá. Indicó que el 53% de los estudiantes con ese crédito se concentran en cuatro instituciones de educación superior: Santo Tomás (def), el grupo Laureate (las universidades De Las Américas (1), Andrés Bello (2) y de Viña del Mar (3), y el instituto AIEP(4)), el DUOC(5) e Inacap (6). Y advirtió que algunas entidades están haciendo crecer su infraestructura esperando recibir a más alumnos, lo que, de no cumplirse, puede causar un grave problema.

“La imprudente expansión de las instituciones de educación superior puede entonces potencialmente crear el equivalente de una ‘burbuja inmobiliaria’ en la educación superior”, dijo el texto, que recomendó al Estado “hacerle seguimiento a una pequeña porción de las instituciones, para asegurarse contra el riesgo sistémico a causa del comportamiento imprudente de unos pocos”.

Junto con ello, el estudio señaló que por el esquema actual del crédito con aval del Estado, los bancos tienen un bajo incentivo a cobrar las deudas de los morosos: “La estructura actual redunda en incentivos para las entidades financieras que son perversos, ya que éstas se benefician de los peores escenarios posibles para el Estado”, planteaba. Es decir, otra situación con alto costo fiscal.

En el gobierno señalan que las críticas de los expertos al modelo fueron uno de los factores que pesaron a la hora de anunciar la reformulación completa de dicho sistema de créditos, lo que quedará en manos de una comisión.

Para Meller, el esquema incentivó el alza en los aranceles. Por ello, su modificación puede ser un punto de partida para un esquema mejor. “Si el crédito es con aval estatal, todos tienen incentivos para aumentar los precios. Las universidades dicen: vamos subiendo los montos. Los bancos dicen: ok, los créditos tienen aval del Estado. Y los estudiantes dicen: vamos a hacer las marchas y logremos perdonazos. ¿Y quién paga la cuenta? ¡El Estado!”.

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Acerca de Ocktopus

Chileno, criado en Venezuela, amante de la buena vida, del buen pasar. Inquieto en los temas que me apasionan, siempre indago, busco e intento conocer nuevas cosas. Emprendedor innato. Siempre intento canalizar mis actividades en aquellas cosas que me atraen, de allí que los espacios en la red se vinculan a el turismo, la gastronomía y mantenerse informado.

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