Cómo se financia la millonaria campaña de Patagonia sin Represas

Fecha: 06/05/11
Fuente: El Mostrador
Autor: Alejandra Carmona

En 2007, 36% de los chilenos estaban en contra del proyecto de Endesa y Colbún. Hoy, ese número llega a 74%. ¿De dónde han salido los recursos para levantar una de las campañas más exitosas medioambientales en Chile? Del trabajo de 82 organizaciones que conforman el Consejo de Defensa de la Patagonia, que consiguen dineros en forma individual, muchos de ellos de fundaciones en el extranjero

El miércoles 18 de mayo, la Comisión de Minería y Energía del Senado recibió un documento que confirmaba nuevas perspectivas energéticas para Chile: un informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) señalaba que las energías renovables no convencionales ya son económicamente competitivas en Chile.

La investigación era una nueva forma de gritar “no a HidroAysén”. No sólo porque lo decía el proveedor líder de análisis de datos y noticias en energía limpia y mercados de carbono, sino también porque este tipo de estudios forma parte de las estrategias de los opositores al proyecto en la Patagonia para argumentar su rechazo. El informe costó US$ 35 mil y fue encargado por Natural Resources Defense Council (NRDC), una de las organizaciones más respetadas del mundo en temas medioambientales, que tiene más de 1,2 millones de miembros y que en su staff cuenta con Robert Keneddy como abogado.

NRDC ha sido una de las ONG’s que ha apoyado la campaña Patagonia sin Represas desde sus inicios. En 2006, la arremetida verde comenzó con algunos letreros camineros y pequeños carteles. Sin embargo, el 2007 se intensificó y llegaron más recursos del mismo NRDC, pero también greengrants -fondos que entrega una comunidad de “activistas que trabajan por la justicia social y sostenibilidad ambiental”-, Tides Foundation e International Rivers (IRN). Justamente, esta última organización fue crucial para levantar uno de los hitos en la campaña Patagonia sin Represas: un libro con 180 páginas, fotografías a todo color y algunos escritos de connotados ambientalistas chilenos, que se lanzó el 4 de octubre de 2007 en Castillo Hidalgo. Para esto, IRN inyectó US$ 50 mil. En Ocho Libros, editorial responsable del texto, cuentan que la primera edición fue de 5 mil libros y la segunda, de 3 mil.

Por esos días, Aarón Sanger, abogado de IRN, señaló en la prensa que “el dinero que necesitemos para ganar esta batalla, lo tendremos”. Y La advertencia de Sanger no sonaba a una declaración cualquiera. En 2003 el hombre lideró un boicot contra los grupos Matte y Angelini en protección del bosque nativo y consiguió que firmaran un acuerdo para su protección.

No hay dudas del éxito de la campaña. Lo ratifican las propias encuestas: si en 2007 Ipsos decía que un 36% de los chilenos estaba en contra de las represas; ahora los opositores están en el 74%. Eso, a pesar que los recursos han ido disminuyendo año tras año y en 2011 se proyecta gastar un 20% de lo que se utilizó en 2008. Si entre 2007 y 2008 la recaudación total llegó a US$ 2,5 millones, según información de prensa -donde fue crucial el aporte del magnate Douglas Tompkins a través de su Deep Ecology Foundation– hoy la tarea se ha vuelto más complicada.

Golpe a golpe, peso a peso

“Patagonia sin represas” es una especie de marca; una batalla guiada desde el Consejo de Defensa de la Patagonia. Se trata de 82 organizaciones que manejan presupuesto en forma individual, no centralizada y por esto su financiamiento se ha convertido en un fantasma y un blanco de críticas para quienes defienden el proyecto. De hecho, ha sido uno de los argumentos esgrimidos por Daniel Fernández, vicepresidente Ejecutivo de HidroAysén, a la hora de referirse al proyecto. “Las ONGs tienen que transparentar sus recursos: me sorprende que no haya campaña contra las termoeléctricas y sí contra HidroAysén”, dijo Fernández.

Y si bien cada una de las organizaciones da cuenta de los recursos que recibe a los organismos pertinentes, no existe un número oficial, y al parecer, tampoco lo habrá. “No tenemos personalidad jurídica, somos una marca inscrita y un acuerdo entre instituciones y nos coordinamos para dirigir una campaña. No existe un informe, cada institución sí lo tiene y entrega reportes y balances anuales al Ministerio de Justicia. Si se toma ese balance de acuerdo a las memorias de cálculo y sumas lateralmente, se podría llegar a ese dato, pero yo no tengo tiempo ni ganas ni me interesa entrar en este tipo de pérdida de tiempo para responderle a Fernández. Tengo cosas más importantes que hacer”, señala enfático Patricio Rodrigo, secretario Ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP).

Los argumentos de Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable -organismo que también adscribe al CDP- van en la misma línea. “Como todas las ONG está detallado el financiamiento en el Ministerio de Justicia. Para la campaña contra HidroAysén no recibimos ningún tipo de financiamiento. Lo que hacemos es difundir el desarrollo de otras alternativas energéticas. No estamos pagados por Endesa como Daniel Fernández y Tironi, que al decir que tenemos financiamiento extranjero tienden una cortina de humo. Ellos sí son financiados desde el extranjero”.

Un miembro del Consejo cuenta que “el tema legal, por ejemplo, lo ve Pumalín. Ellos ponen a una abogada por medio tiempo. La Fundación Conservación Patagónica, también de Tompkins, lleva además, algunos juicios, por ejemplo los que tienen que ver con derechos de agua. Enrique Alcalde (UDI), miembro privado del directorio de La Nación, también financia temas legales, porque es afectado ya que sus propiedades podrían ser inundadas. Víctor Hugo Pucci también colaboró en los temas en los que él se interesó y apoyó a Defensores de la Patagonia, en Cochrane, hasta el 2009”.

A las inversiones de personalidades más reconocidas, también se suman otras cruciales colaboraciones.

Quien ha participado desde el comienzo en la campaña es Patricio Badinella, director creativo de Think 3, un hombre reconocido por ser el responsable de la publicidad de Firestone, que mostraba a Luis Alarcón vestido de indio diciendo “si camino no hablar”; y también porque en los ‘80 inmortalizó el manjar Colún gracias a la conversación de dos niños que gritaban: “Mi mamá me quiere todo esto…”. En 2008, Badinella dio otro golpe. La imagen era Cerro Castillo de fondo, los árboles se caían “y aparecían como si fueran unos transformes estas torres gigantescas”, cuenta Badinella, refiriéndose a la publicidad que mostraba la línea de transmisión. El comercial se hizo en 3D y tuvo un costo de 5 millones de pesos. “Este tema de la Patagonia siempre ha sido un trabajo compartido. No se da una relación a nivel agencia-cliente como en este caso. Acá todos colaboran”. Badinella también entrega una donación simbólica: no cobra el 10% por poner el aviso en medios, algo que pediría cualquier agencia.

El año decisivo

Según Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas -organización que también lucha contra las represas en la Patagonia- una de las fundaciones más leales con la causa ha sido Weeden, que en su página detalla, además de sus 40 años de existencia, su compromiso con la protección de la biodiversidad. La historia se originó cuando luego de hacer crecer su fortuna en Wall Street, Frank Weeden decidió crear esta fundación que hoy está a cargo de los hijos del pionero, que además tienen terrenos en el Futaleufú. “Esta fundación tiene una gracia”, afirma Orrego y argumenta: “Financian costos institucionales, año tras año, son parejos, perseverantes porque en estos temas el financiamiento es muy fluctuante, muy incierto, no funcionamos con certezas, uno nunca sabe cómo va a estar parado el año siguiente”.

En la página de la fundación Weeden se entrega el registro de aportes para Patagonia sin Represas desde 2008. Para 2011 da cuenta de US$20 mil para Ecosistemas y en especial para el proyecto de una revista que informe a las comunidades “nacionales e internacionales acerca de los impactos ambientales que HidroAysén propone, en particular, destacando el impacto potencial de las líneas de transmisión”.

Weeden también subvencionó con US$15 mil al documental Patagonia Rising, pero en años anteriores también entregó recursos: el año 2007, por ejemplo, subvencionó con US$ 40 mila Ecosistemas, US$ 15 mil a la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y US$ 20 mil a Conservación Patagónica.

Por su parte, los greengrants, que se entregan desde 1994, detallan en su página que para este año se otorgaron US$ 5 mil a la Agrupación Defensa del Espíritu de la Patagonia, para informar y aumentar “la conciencia sobre los impactos negativos de las 5 represas”. También se entregó US$ 80 mil a Ecosistemas para “promover la protección de los ecosistemas y aumentar la conciencia sobre los impactos de las represas en Chile. Los fondos se utilizarán para apoyar la campaña Patagonia Sin Represas a través de la elaboración de material informativo y de divulgación para una variedad de audiencias sobre el impacto de las represas, la promoción de cuestiones relacionadas con la campaña y la promoción en Europa, y el fomento de las manifestaciones pacíficas en todo Chile”.

Otro de los beneficiados por estos fondos es Aysén Reserva de Vida, que con US$5 mil intentarán “recopilar y difundir información acerca de los impactos negativos de proyectos de represas mega hidroeléctricas sobre el turismo y los recursos naturales, así como describir las alternativas de turismo sostenible”, como consta en la página.

Orrego también señala que otra fundación que está presente es Marisla, antes llamada Hollomon-Price Foundation.

Quien se ríe de las acusaciones tras el financiamiento de la campaña es Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida. Ellos, individualmente, resolverán la campaña desde el frente regional con US$ 40 mil dólares provenientes de las fundaciones Tides, Hollomon y Weeden. “El proyecto se llama campaña de ciudadanos contra megaproyectos en Aysén reserva de vida”, cuenta Hartmann, quien también señala que ellos son sólo 4 personas que reciben sueldos comunes y corrientes por hacer un trabajo por el que además están comprometidos.

“Por ejemplo, el aviso en radio Santa María, como es del vicariato y el obispo Infanti está en contra del proyecto, nos sale $700.000. El resto lo pone la radio”, cuenta Hartmann y dispara: “Lo que han hecho en 6 meses es sembrar la duda. Ahora, no sé si nos gustaría decir que HidroAysén recibe plata del narcotráfico. No lo podemos demostrar, pero también sería sembrar dudas, así que corten el leseo. Hacemos las cosas con corazón y no con plata. Necesitamos el 1% de los millones de dólares que ellos se han gastado”.

Fecha: 11/06/11
Fuente: Reportajes. La Tercera.

Los senadores Horvath, Bianchi y Girardi, un grupo de diputados y organizaciones ambientalistas presentaron cuatro recursos en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Inhabilidades

A pesar de que la ley determina las causas para inhabilitarse, diversas autoridades regionales no se atuvieron a ello. Fue el caso del seremi de OO.PP., Quemel Sade. Al mismo tiempo, los reemplazantes de los seremis contaron con plazo muy acotado para estudiar el proyecto.

Firmas inválidas

Se da cuenta que el seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas, se inhabilitó. Sin embargo, se cometió una irregularidad, ya que su firma aparece en varios documentos relacionados con el proceso de aprobación de la iniciativa.

Evaluación sin reglamento

La evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto HidroAysén se hizo sin que existiera un reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (nunca fue dictado). Así, la actuación de la comisión ad hoc de la Undécima Región fue ilegal.

Informes modificados

Los informes de los servicios competentes, como Sernageomín y la Dirección Nacional de Aguas, no fueron considerados y, en muchos casos, fueron modificados. Lo último fue hecho sin justificación, ni estudios nuevos que indicaran que debía hacerse un cambio.

Ministros emiten opiniones y ciudadanos no son informados

Se vulneró la ley ambiental, ya que ministros que integran la instancia de apelación (consejo de ministros) se pronunciaron sobre el proyecto antes de dicha instancia. También se indica que a pesar de lo que dice la ley, los ciudadanos no tuvieron oportunidad de informarse y entregar sus descargos. Además, se asegura que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la vida.

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Acerca de Ocktopus

Chileno, criado en Venezuela, amante de la buena vida, del buen pasar. Inquieto en los temas que me apasionan, siempre indago, busco e intento conocer nuevas cosas. Emprendedor innato. Siempre intento canalizar mis actividades en aquellas cosas que me atraen, de allí que los espacios en la red se vinculan a el turismo, la gastronomía y mantenerse informado.

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