Las esquirlas de los dossier de Contraloría. Caso FFAA.Chile.

Esta semana se revelaron los primeros informes sobre anomalías en las FF.AA. El ambiente se tensionó en Defensa, La Moneda y las ramas castrenses, donde resienten los cambios que alista el gobierno a la Ley Reservada del Cobre. El jefe del Ejército dudó en ir a un acto con Allamand.

Fecha: 30/01/11
Fuente: La Tercera
Autor:Michelle Chapochnick y Javiera Moraga

El comandante en jefe de la Fach, Jorge Rojas, subió preocupado el jueves pasado hasta el piso 22 del Ministerio de Defensa, donde se encuentra la oficina del ministro Andrés Allamand. Ese día se habían conocido las denuncias en contra de su antecesor Ricardo Ortega, por la contratación y pagos de la institución a miembros de su familia y triangulaciones para pagar el sueldo de la empleada de su casa. Ya instalado en la oficina de Allamand, Rojas dijo que ordenaría sumarios internos y aplicaría sanciones, dejando entrever lo incómodo que era para él la situación. “Con Ortega somos cercanos en lo personal y profesional”, habría señalado.

A esa altura, en el gabinete de Allamand estaba escrito en una pizarra las investigaciones que lleva a cabo Contraloría a las FF.AA. y se destacaba con mayúsculas algunas de las más complejas: la adquisición de un puente mecano tras el terremoto, los viáticos del alto mando y las indagaciones sobre la millonaria construcción del Hospital Militar.

Sólo el primero de ellos se ha conocido hasta ahora. El miércoles, cerca de las nueve de la noche, Allamand tomó el documento y se lo llevó a su casa para estudiarlo con detención. Desde hace algunos días que manejaba sus lineamientos, que ponían en tela de juicio el modus operandi de las adquisiciones del Ejército: la decisión de comprar el puente a la empresa Acrow se tomó varios días antes de recibir el decreto del Consudena, el organismo que debía visar la compra. Incluso, el mecanismo vulneró la oferta más económica que fue ofrecida por otra empresa. El ministro tomó entonces contacto con el Presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra de vacaciones en Ranco.

El otro informe que llegó esa noche a Villavicencio 364 daba cuenta de anomalías en la compra de pasajes, fletes y viáticos del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario Alfonso Vargas, al igual como lo hizo el ministro, se llevó el informe y lo leyó en su residencia.

Altas fuentes de gobierno señalan que el documento establece anomalías en los gastos realizados entre 2007 y 2010 y da cuenta del pago de sobreprecios. Aunque las cifras cuestionadas aún no están claras, en Defensa señalan que el Estado Mayor Conjunto y la entidad que lo precedió, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, suelen desembolsar cerca de un millón de dólares al año en pasajes y viáticos y que habrá que determinar qué parte de esas sumas de dinero están ajustadas a lo correcto. Las mismas agregan que los pasajes del Estado Mayor suelen ser adquiridos a través de sólo una agencia de viajes.

Otra de las investigaciones de la Contraloría apunta al Hospital Militar. El organismo fiscalizador estaría revisando las empresas relacionadas con su construcción y su puesta en marcha, además de los contratos con proveedores de insumos. Fuentes de Defensa señalan que cerca del 50% de las adquisiciones presentarían anomalías.

Por otra parte, el organismo que dirige Ramiro Mendoza está investigando desórdenes en la adquisición de containers habitables para el proyecto Cruz del Sur, la fuerza de paz chileno-argentina. En ese caso, la empresa Mar Azul denunció ante el organismo fiscalizador que la licitación, adjudicada a la empresa C y M, de propiedad de Virgilio Cartoni, tuvo varias anomalías. El proceso habría sido supervisión del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Cristián Le Dantec, quien estaría siendo escrutado por este tema.

Los informes de Contraloría y algunas de las decisiones del gobierno, como poner énfasis sobre los estándares de transparencia de las FF.AA., desataron preocupación e inquietud en el Ejército. Así lo sabían en Defensa y en La Moneda, donde monitorearon el viernes pasado la inicial decisión del comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, de no asistir a una actividad organizada por Allamand en Lolol, VI Región. Se trataba de dar una señal de normalidad y de destacar el desempeño de las ramas castrenses tras el terremoto. Fuente-Alba, sin embargo, sólo confirmó su asistencia entrada la tarde de esa jornada. “Los militares no tienen mucho margen de acción, pero era una mala señal que se marginara del acto”, señaló ese día un ministro.

A esa altura, en el mundo castrense se abrían otros flancos. El subsecretario y ex jefe del Ejército Oscar Izurieta, había tenido que dejar durante la semana las asesorías que le prestaba Orlando Cartes, yerno del general (R) Manuel Contreras. En el gobierno señalan que la situación de Izurieta es incómoda, aunque descartan que salga en el próximo cambio de subsecretarios que realizará Piñera, destacando que el ministro Rodrigo Hinzpeter le rechazó su renuncia horas después de la caída de Jaime Ravinet.

En la semana, la situación de las FF.AA. fue seguida de cerca por la jefa del segundo piso de La Moneda, María Luisa Brahm, quien transmitió a los altos mandos que las normas de transparencia seguirían endureciéndose. Para Brahm y el resto del gobierno, marzo es la fecha límite para que las ramas castrenses despejen el difícil escenario que abrieron los informes de Contraloría y se echen a andar otras reformas.

Una de ellas apunta a realizar drásticos cambios a la Ley Reservada del Cobre, una de las fuentes de financiamiento de las ramas castrenses. Para ello, Allamand contrató al experto del CEP Harald Beyer, quien tiene la tarea de objetivar un mecanismo para asignar recursos para la compra de armas.

La reforma a la Ley Reservada del Cobre no es del agrado de buena parte de las FF.AA. y el ministro ya ha conversado con parlamentarios de todos los sectores para aprobar su modificación. El tema lo abordó con el senador Patricio Walker (DC) y los diputados Patricio Hales (PPD), Alberto Cardemil (RN) y Jorge Ulloa (UDI). No sólo eso. Allamand planea convocar una comisión para sacar adelante el proyecto, tal como el gobierno de Michelle Bachelet hizo con la reforma previsional liderada por Mario Marcel.

Con todo, el titular de Defensa no quiere aparecer hostilizando a las ramas castrenses ni menos socavando su imagen. También buscará evitar polémicas públicas. Esta semana, ya ha advertido desde La Moneda de la posibilidad de que Ravinet saliera a defenderse, como lo hizo, Allamand optó por no involucrarse en la disputa de su antecesor con el ministro del MOP, Hernán de Solminihac, por la adquisición del puente mecano en el Biobío. El ex DC se había contactado con el contralor Ramiro Mendoza para hacerle ver su molestia, por no hacerle llegar el informe de la compra.

Navegando en la frágil línea de endurecer los estándares de transparencia sin deteriorar las relaciones con el mundo militar, Allamand les explicó esta semana a los jefes de las FF.AA. que tenía una estrategia definida: los propios comandantes en jefe llevarán adelante investigaciones internas y el control de daños frente a los informes de Contraloría, al tomar medidas frente a las denuncias.

Los comandantes dejaron entrever su apoyo a la idea. La primera prueba llegó desde la Armada, que tomó la iniciativa y dio a conocer de motu proprio las anomalías en el contrato de la publicidad y difusión en la Regata Bicentenario, donde se reintegró el dinero. Allamand apareció en escena de forma posterior y respaldó el actuar de la institución. Así lo espera seguir haciendo.

Acerca de Ocktopus

Chileno, criado en Venezuela, amante de la buena vida, del buen pasar. Inquieto en los temas que me apasionan, siempre indago, busco e intento conocer nuevas cosas. Emprendedor innato. Siempre intento canalizar mis actividades en aquellas cosas que me atraen, de allí que los espacios en la red se vinculan a el turismo, la gastronomía y mantenerse informado.

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